El Parlamento pide un informe sobre inviolabilidad de diputados por opiniones tras la querella al portavoz de Adelante

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha encargado a sus servicios jurídicos la redacción de un informe para determinar el alcance de la inviolabilidad de los diputados por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo.

Decisión que responde a la petición de amparo planteada por el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, con quien se ha reunido en esta jornada, después de la querella por injurias de la Fiscalía Superior de Andalucía por sus manifestaciones acerca de la actuación de la Policía Local de Sevilla en la persecución de un vendedor ambulante senegalés, quien el 2 de enero falleció ahogado en el río Guadalquivir cuando huía de los agentes.

Fuentes parlamentarias han precisado que ese informe de los letrados carece de plazo de elaboración y según las fuentes consultadas hay discrepancias en cuanto a su alcance.

Fuentes de Adelante Andalucía han apuntado que el trabajo de los letrados de la Asamblea autonómica abordará un triple contenido, que sería la investigación de la entrada de los policías en el Parlamento para la citación a José Ignacio García, un estudio comparado del amparo en otros parlamentos y el alcance de la inviolabilidad conforme al artículo 12 del Reglamento.

Otras fuentes parlamentarias han matizado ese contenido y han apuntado sobre la presencia de los policías en el Parlamento que fue el propio portavoz del Grupo Mixto-Adelante el que señaló el Parlamento como lugar de entrega de la notificación por ser su centro de trabajo.

El Reglamento del Parlamento señala que "el presidente o presidenta del Parlamento, una vez conocida la detención de un diputado o diputada, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros".

El Estatuto de Autonomía declara en su artículo 100.2 que "el Parlamento de Andalucía es inviolable" y en el 101.3 asegura que "los diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo".

Continúa indicando sobre el alcance de esa protección que "durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", así como que "fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

"SE ME ACUSA DE UN DELITO DE OPINAR"

José Ignacio García ha relatado este miércoles en rueda de prensa que la Policía Judicial se personó en su despacho en la Cámara autonómica para entregarle la querella de la Fiscalía Superior, que "me acusa de un delito por opinar", para argumentar que se trata de "un delito de opinión" y ha concluido que "es la primera vez en la historia de este Parlamento" que se produce una imputación de esa naturaleza.

El portavoz de Adelante ha sostenido que este episodio jurídico "no va de mí ni de las declaraciones que hago o dejo de hacer" y ha esgrimido que se trata "de los derechos de los diputados y diputadas a ejercer sus funciones", entre las que ha situado "opinar sobre la realidad y lo que ocurre en Andalucía".

Ha considerado que una falta de reacción de Aguirre en ese sentido sería abrir la puerta a "las denuncias y querellas de Abogados Cristianos o del seudosindicato Manos Limpias" y de esa forma "se acaba el parlamentarismo", por cuanto ha blandido aquí que "si no podemos los diputados y diputadas opinar con total libertad para ejercer nuestras funciones se acaba el parlamentarismo".

Ha defendido que las declaraciones fuera de las paredes del antiguo Hospital de las Cinco Llagas "parece que ya no es diputado" y ha precisado que sus declaraciones las hizo un 2 de enero, periodo inhábil de la actividad parlamentaria.

"Esto es una cosa del derecho a hacer política, aunque no le guste a determinados sectores sociales", ha argumentado el portavoz de Adelante, quien ha advertido de que "nadie puede alterar la voluntad popular en la composición de esta Cámara" y ha avisado de que "estamos viviendo retrocesos muy peligrosos y esto no puede ocurrir", antes de pedir que "el Parlamento tiene que hacerse valer".

"Esperamos que el presidente cumpla el reglamento del Parlamento de Andalucía, que es darnos amparo", ha proclamado García.

FISCALÍA: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO AMPARA HIPOTÉTICO DERECHO AL INSULTO"

En el escrito de la Fiscalía Superior, que sitúa en las Diligencias de Investigación Preprocesales nº5/2025, sostiene que el hecho de que José Ignacio García hablara de "racismo institucional, de violencia policial y de represión" y que todo se reducía a "34 camisetas es lo que tenía Mamouth, un chaval senegalés mantero, trabajador aquí en Sevilla, para que le persiguiera la Policía Local hasta la muerte", suponen expresiones que "analizadas objetivamente tienen la envergadura suficientemente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas".

"La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto, como hemos dicho y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino que entra en lo que podía denominarse como como libertinaje de expresión, que sí reúne los requisitos del tipo penal del artículo 504.2 del Código Penal y, por consiguiente, son constitutivos del delito mencionado".

Con esta argumentación la Fiscalía Superior de Andalucía acuerda "el archivo de las presentes diligencias de investigación penal, conforme al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) e interponer querella en los términos indicados".