Ayuso llevará al TS la Ley de Eficiencia de la Justicia si antes de 10 del mayo el Gobierno no evalúa costes

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Gobierno regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Ley de Eficiencia de a Justicia si antes del 10 de mayo el Ejecutivo central no atiende a su requerimiento para que se evalúe el coste que supondrá a las comunidades autónomas su puesta en marcha.

Así lo ha advertido durante la presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia en la Real Casa de Correos, donde ha cargado contra el Ejecutivo central por no contar con el Poder Judicial ni con las CCAA para la puesta en marcha de esta normativa que, a su juicio, implica "un cambio ideológico de la organización del sistema judicial".

La jefa del Ejecutivo regional ha recordado que los presidentes autonómicos son también garantes del "orden constitucional, la unidad nacional, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de todos los españoles".

Así, ha subrayado que esta ley supone "un nuevo intento de control del Poder Judicial, puesto que es un cambio ideológico de la organización del sistema judicial que se ha hecho sin contar con el propio Poder Judicial ni con las comunidades autónomas".

"Disfrazada de palabras mágicas como modernizar simplificar, hay un nuevo Caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes". "Donde dice eficiencia deberíamos saber leer control del Ejecutivo sobre la independencia judicial y el acceso a la tutela judicial efectiva vestida", ha censurado.

"CONTROLAR EL PODER JUDICIAL"

Tras afirmar que la ley va "vestida de supuestos nuevos medios de resolución de conflictos", ha sostenido que detrás se esconde "ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva". "Desde hace décadas hay una obsesión por controlar el Poder judicial, y esto mismo hacen muchos compañeros de ideología en otros lugares del mundo", ha criticado.

En la misma línea, ha hecho hincapié en que los presidentes autonómicos no son "meros ejecutores de planes del Gobierno", ya que tienen "una responsabilidad" como es ser "también garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales de todos los españoles vivan donde vivan".

"Y no nos es ajeno, por tanto, lo que ocurre en ningún lugar de España ni en ningún ámbito y mucho menos cuando hablamos de la separación de poderes", ha recalcado.

Según ha explicado, la Comunidad de Madrid presentó el 10 de abril un requerimiento formal al Gobierno para que de manera inminente evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente.

"Porque, si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más. Y de no atender al requerimiento antes del 10 de mayo vamos a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo", ha anunciado.